El Ayuntamiento de Paterna vuelve a intentar entrar en la Cooperativa de Aguas de El Plantío y el Juez lo desautoriza

El Ayuntamiento de Paterna ha vuelto a solicitar ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia la autorización para poder entrar en las dependencias privadas de la Cooperativa de Aguas de El Plantío para este lunes 5 de noviembre. El Juez desautorizó al consistorio dicha petición, realizada el pasado 24 de octubre y finalmente nadie, ajeno a la Cooperativa, pudo entrar.

Miembros de la Cooperativa de Aguas, mostraron su sorpresa al enterarse de dicha desautorización por parte del juez, hace tan solo dos días, este lunes 5 hacia las 13 horas. Desde la Cooperativa consideran que la actuación del Ayuntamiento “ha sido nada elegante, ya que en ningún momento nos han comunicado sus nuevas intenciones, y debería preguntarse qué hubiera ocurrido con el servicio, si el Auto dictado que fue la primera noticia que tuvimos, hubiera resultado en sentido contrario”.

No es la primera vez que desde el Ayuntamiento se intenta entrar en La Cooperativa. Ya el pasado mes de Julio y basándose en una providencia firmada por la teniente alcalde de Infraestructurasde Paterna, Nuria Campos, la Policía Local se personó para acompañar a personal técnico y poder tomar posesión de las instalaciones de la Cooperativa de Aguas de El Plantio y La Cañada. Estas acciones son fruto de una decisión tomada por el Equipo de gobierno de Paterna, formado entonces por la coalición PSOE, Compromís y Podemos, mediante el cual pretendían municipalizar el servicio de agua que lleva prestando la Cooperativa desde hace más de 50 años. En aquel momento no pudieron entrar, aun habiendo ido personalmente la policía y un concejal y esta segunda vez, ni siquiera han podido acudir.

Momento en que la policía y la concejala intentaban entrar en el mes de Julio en La Cooperativa de Aguas de El Plantío.

Entonces, tras la providencia de la concejala Campos, la Cooperativa solicitó al Juzgado de lo Contencioso Nº 4 una serie de medidas cautelares y envió copia de ésta al propio Ayuntamiento. La Cooperativa esgrimió esta solicitud, amparándose en la Ley, para dejar en suspenso dicha providencia. Entonces fue cuando el juzgado comunicó que le concedía 10 días al Ayuntamiento para que se manifestara respecto a las medidas cautelares solicitadas por la Cooperativa.

En esta segunda intentona, la Cooperativa aclara que el Ayuntamiento esgrimía como argumentos la declaración de reversión del servicio de abastecimiento de agua potable aprobada por el mismo, y que viene prestando La Cooperativa, la desestimación de la medida cautelar solicitada por La Cooperativa ante el primer intento de ocupación de las instalaciones el pasado 2 de julio y que se encuentra recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, y la protección del interés general.

Según añaden, los razonamientos jurídicos del auto se basan en la protección constitucional del domicilio concretándose en la inviolabilidad, por un lado, y por otro en la falta de consentimiento del titular o la necesaria resolución judicial.
En dichos razonamientos se argumenta que “el órgano judicial debe cerciorarse de que el acto administrativo para cuya ejecución se solicita autorización de entrada no está siendo o ha sido objeto de un recurso contencioso-administrativo” como es el caso de este.

Por ello el auto manifiesta que “no procede acceder a la entrada solicitada y ello por cuanto la Cooperativa Valenciana El plantío y La Cañada interpusieron recurso contencioso administrativo contra la Resolución que cita el Ayuntamiento, y solicitaron, asimismo, la adopción de medida cautelar, que fue desestimada mediante auto de este Juzgado de 20 de julio de 2018. Dicho auto ha sido recurrido en apelación por dicha Cooperativa, por lo que no concurren las circunstancias antes expuestas para acceder a la pretensión del Ayuntamiento de Paterna, añadiendo, además, la imprecisión de la solicitud”.

“Ya es la segunda vez el Ayuntamiento de Paterna intenta el acceso infructuoso a los bienes de La Cooperativa para hacer cumplir un acto administrativo acordado unilateralmente por este, sin la necesaria aclaración jurídica y que puede afectar a más de 9.600 habitantes de La Cañada”, concluyen los cooperativistas.

 

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